15-07-2017
Otro ajuste se cierne sobre los trabajadores más vulnerables de la pirámide salarial con el nuevo piso al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) que se ha impuesto unilateralmente por el gobierno, reafirmando aún más sus perversas políticas salariales.
En primer lugar resulta una absoluta falacia afirmar, como lo hacen los voceros del Ministerio de Trabajo que en términos porcentuales la suba llegue al 24%. En verdad se trata de otro maquillaje al que nos ha acostumbrado la administración Macri, porque este porcentaje que estipula un piso de 10.000 recién será aplicable en el mes de julio del año 2018.
Antes hay dos tramos: el primero arranca con el nuevo mínimo de 8.860 pesos y representa una suba real del 10%, que así como se aplica ya representa una pérdida de casi de 2 puntos respecto a la inflación del primer semestre, y esto sin contar que los artículos de la canasta básica (que marcan el grueso del consumo de las personas con estos ingresos) han tenido un alza superior. Vale reafirmar que también debería agregarse la pérdida de masa salarial registrada en el año 2016, que en algunos sectores (como el caso de los estatales) fue de casi 13 puntos.
Estos números oscurecen más el panorama salarial cuando se cotejan con dos fuertes datos de la realidad que aportan los compañeros del cuerpo de delegados de la ATE en el INDEC: si se compara con 14.665 pesos que mide el INDEC como línea de pobreza el SMVyM de julio llegará a cubrir apenas el 64% de esa línea.
La segunda variable a tener en cuenta son los 19.163 pesos que mide la canasta familiar (una pareja y dos hijos), el que alcanzaría a cubrir solamente el 47% de los gastos de esta familia tipo.
Esta caída del ingreso real, que se ve ampliamente reflejada en la caída continua del consumo reafirma la política de precarización salarial que expresa el gobierno de Macri.
Agrava aún más las cosas que el monto haya sido fijado en forma unilateral por el gobierno y no contemple que existen muchos municipios en el país donde sus intendentes establecen salarios que están todavía muy por debajo del umbral de pobreza que señala el informe de los compañeros del INDEC.
Son municipios donde se pagan sueldos de 5.000 y 6.000 pesos, en su mayoría, y en casos extremos llegan a los 3.000 pesos. Para estos trabajadores ni siquiera hay SMVyM que valga sino una casi condena a vivir en la indigencia.
Tampoco resulta claro sobre que método se miden estos valores fijados. Todavía está muy presente que el gobierno ha planteado en su presupuesto una inflación anual del 17% y pasado medio año ya llegó al 12%. Si en el mejor de los casos la inflación llegará al 24% anual (en la que coinciden muchos pronósticos), la suba del SMVyM se habrá licuado en su totalidad antes de que concluya el año.
Prensa ATE Nación.
